Aguakan anticipa que continuará por la vía legal y considera que la consulta ciudadana fue amañada

CANCÚN, 24 de enero.— Paul Rangel, director general de Aguakan, abordó por primera vez la consulta ciudadana realizada en 2022, donde la ciudadanía votó por cancelar la concesión a la empresa que opera los servicios de agua potable y alcantarillado en Isla Mujeres, Cancún, Puerto Morelos y Solidaridad. En declaraciones hechas durante el programa de

CANCÚN, 24 de enero.— Paul Rangel, director general de Aguakan, abordó por primera vez la consulta ciudadana realizada en 2022, donde la ciudadanía votó por cancelar la concesión a la empresa que opera los servicios de agua potable y alcantarillado en Isla Mujeres, Cancún, Puerto Morelos y Solidaridad.

En declaraciones hechas durante el programa de Ciro Gómez Leyva en radio Fórmula México, Rangel calificó la consulta como “totalmente amañada” y no vinculante para la empresa.

Los micrófonos se abrieron al directivo después de que solicitó su derecho de réplica a las declaraciones previas de Cristina Torres Gómez, secretaria general de gobierno, quien afirmó que la suspensión definitiva lograda por Aguakan con un amparo no significa que haya ganado el litigio y que la empresa hizo “un pago extraño” al gobierno de Roberto Borge Angulo a cambio de la ampliación de la concesión.

La llamada de Paul Rangel a radio Fórmula ocurrió minutos después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera en su conferencia de prensa que se debe cancelar la concesión a Aguakan. Rangel afirmó que, aunque recibió informes sobre las declaraciones del presidente, no las conocía de manera directa, por lo que se abstuvo de opinar. No obstante, destacó que Aguakan se conducirá siempre por la vía de la legalidad y que la ampliación de la concesión comenzó a correr desde su otorgamiento en noviembre de 2014.

“En 2014, nos autorizaron la ampliación anticipada de la concesión a la que teníamos derecho, cumpliendo con todos los requisitos necesarios”, subrayó.

A pesar de las afirmaciones de Cristina Torres sobre la falta de documentación en ese momento, Rangel aseguró que todos los documentos fueron presentados. Aclaró que la concesión de la ampliación empezó a operar desde 2014, con la modificación del título de concesión y la inclusión de términos como la expansión al municipio de Solidaridad, comenzando a correr a partir de 2014, no en 2024 como se sugirió. Además, se hicieron modificaciones inmediatas en las contraprestaciones, las cuales se han pagado regularmente.

Que no hubo “pago extraño”

Rangel destacó que Aguakan, como empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, debe ser transparente en su información y manejo, negando así la existencia de un “pago extraño”. Explicó que se trató de una contraprestación de cerca de 100 millones de dólares (equivalentes a $1,080 millones de pesos al tipo de cambio de ese entonces), debidamente documentada y conocida por todas las partes involucradas, informada a la Bolsa Mexicana de Valores.

“Toda la información de Aguakan es pública, y entregamos reportes periódicos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), nuestro regulador, para evaluar el servicio, aunque durante mucho tiempo ellos no realizaron las evaluaciones. Recientemente trabajamos con ellos, logrando la aprobación del nuevo Plan Quinquenal”, enfatizó.

En relación con la consulta ciudadana promovida en 2022 por la senadora morenista Marybel Villegas Canché, quien como diputada local del PRI votó a favor de la ampliación de la concesión, Rangel dijo que ese ejercicio “lo consideramos totalmente amañado, no es vinculante a nosotros y no justifica una terminación unilateral del contrato y mucho menos sin indemnización, como se pretende”.

“Si te preguntan si a partir de mañana quieres dejar de pagar el agua, pues vas a decir que sí. Si te preguntan si te gustaría no pagar la luz, dirás que sí, pero no por eso tiene que desaparecer la CFE”, enfatizó.

Respecto a las quejas en contra de su servicio, dijo que a pesar de las menos de 80 quejas en Profeco el año pasado, “emitimos cerca de 6 millones de boletas, representando un .001% de quejas en comparación con el servicio brindado”. “Reiteramos nuestro compromiso con el Estado de Derecho y continuaremos atendiendo a la ciudadanía con legalidad y la búsqueda constante de mejorar nuestros servicios”, asentó.

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