Ciudad de México, 29 de noviembre de 2024.- La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la aprobación de la reforma que elimina diversos organismos autónomos, rechazando las críticas que señalan que esta medida podría llevar al país hacia un modelo autoritario. Según la mandataria, algunos de estos organismos operaban en contra de los intereses del Estado y de las empresas públicas.

En su declaración, Sheinbaum ejemplificó con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), asegurando que esta institución “se ha dedicado a afectar a empresas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”. Para la presidenta, la desaparición de estos organismos no elimina las funciones que desempeñaban, sino que las redistribuye a otras instancias del gobierno.

La mandataria destacó que las tareas asignadas a los organismos autónomos continuarán ejecutándose bajo una estructura diferente, lo que, según sus palabras, permitirá mayor eficiencia y alineación con los objetivos del Estado. Este cambio, explicó, busca garantizar que las decisiones estratégicas del país no sean obstaculizadas por intereses externos o contrarios al desarrollo nacional.

La reforma ha generado un intenso debate a nivel nacional. Por un lado, simpatizantes del gobierno argumentan que estas modificaciones fortalecen la soberanía del Estado y eliminan duplicidades administrativas. Por otro lado, críticos y opositores han señalado que la eliminación de estos organismos pone en riesgo la independencia de funciones clave, como la regulación económica y la transparencia.

El Senado aprobó recientemente esta reforma, y aunque aún enfrenta retos legales y posibles impugnaciones, representa un cambio significativo en la estructura institucional de México.

Sheinbaum insistió en que esta medida no tiene intención autoritaria, sino que busca recuperar el control de tareas esenciales para el desarrollo del país. “No desaparecen las funciones, solo se realizará de otra manera”, subrayó.

Con la implementación de esta reforma, México entra en una nueva etapa de reorganización institucional que promete redefinir la relación entre el gobierno y las funciones que antes recaían en organismos autónomos. La manera en que este cambio afectará al desarrollo económico y social del país está por verse en los próximos meses.